El presente trabajo tiene como finalidad, establecer si la Superintendencia de Administración Tributaria, en su diario hacer, cumple con la RAZONABILIDAD COMO EXIGENCIA AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, por lo que se enfocará el estudio a dar respuesta de manera especifica a tal obligación. Se analizará el origen del principio de razonabilidad y la forma en que ha sido desarrollado en Guatemala, con especial énfasis en las fórmulas que se han creado para determinar si las actuaciones de los poderes públicos se ajustan o no a él. Asimismo, se señalará la forma en que este principio ha sido recogido en nuestra Constitución, y cómo ha sido aplicado por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, para finalmente extraer un listado de criterios de razonabilidad emanados de dicha jurisprudencia. Esto último porque, como señalan Bazán y Madrid, la determinación de si algo es o no jurídicamente razonable depende de cada caso.